Educación: del discurso al costo por alumno
Prometer «8 % del PIB para educación» suena responsable, técnico y moralmente incuestionable. ¿Quién podría oponerse a invertir más en educación? Sin embargo, cuando se contrasta esa consigna con los datos reales, tanto fiscales como educativos, surge una pregunta inevitable:
¿Estamos discutiendo seriamente cómo mejorar la educación, o simplemente repitiendo una cifra políticamente atractiva?
El primer problema es conceptual. El PIB no es una caja de dinero. Es una medida estadística del valor agregado de la economía. El Estado no gasta «PIB»; gasta recaudación efectiva, endeudamiento o inflación. En Costa Rica, la recaudación total del gobierno ronda aproximadamente el 25% del PIB. En ese contexto, destinar 8% del PIB a un solo rubro equivale, en la práctica, a comprometer cerca de un tercio de todos los ingresos tributarios del país.
Eso no es una objeción ideológica. Es aritmética básica.
Pero incluso dejando de lado el problema fiscal, el debate central es otro. Organismos internacionales (OCDE) han señalado que Costa Rica ya invierte mucho en educación en relación con su tamaño económico, y aun así enfrenta bajos resultados de aprendizaje, deserción, brechas territoriales y una desconexión persistente entre educación y empleo.
El problema, entonces, no parece ser únicamente de recursos, sino de cómo se asignan, qué incentivos generan y qué estructuras protegen.
El paso que casi nunca se da
¿Cuánto cuesta realmente educar a un niño?
Para salir del terreno de las consignas, conviene formular la pregunta más básica y más incómoda:
¿Cuánto gasta hoy el Estado por estudiante?
No existe una cifra única y exacta, pero sí se puede construir una estimación razonable, usando datos agregados y dejando claro cuándo se trata de aproximaciones:
- PIB de Costa Rica: ≈ USD 95 000 millones (dato aproximado).
- Gasto público en educación: ≈ 6 % del PIB (promedio reciente, aproximado).
Entonces, el gasto total anual en educación sería:
Si estimamos una población estudiantil total (pre-escolar a secundaria) de aproximadamente 1 000 000 de estudiantes (dato aproximado), el gasto anual promedio por estudiante sería:
Este número no es una liquidación contable exacta. Es una herramienta para ordenar el debate, no para cerrarlo.
El detalle clave que suele omitirse
El año lectivo no dura 12 meses
Aquí aparece un punto crucial que casi nunca se menciona. En Costa Rica, el periodo educativo efectivo va aproximadamente de finales de febrero a inicios de diciembre, con una pausa de medio periodo en julio. En la práctica, el financiamiento educativo cubre unos 10 meses, no 12.
Si distribuimos el gasto anual estimado por estudiante sobre el periodo educativo real:
Esto significa que, implícitamente, el Estado está destinando alrededor de USD 570 mensuales por estudiante durante el periodo lectivo.
Este dato cambia completamente la discusión. Ya no hablamos de porcentajes abstractos del PIB, sino de costos concretos por niño, por mes y por periodo educativo.
Cuando el dinero sigue a la institución, los incentivos se diluyen
Uno de los problemas estructurales del sistema actual es que el dinero fluye hacia instituciones, no hacia estudiantes. Las familias no eligen; son asignadas. Las escuelas no compiten por calidad; compiten por presupuesto.
La evaluación real se reemplaza por cumplimiento administrativo.
En este contexto, inyectar más dinero en la misma estructura tiende a amplificar los mismos problemas que ya existen: rigidez, burocracia y desconexión con las necesidades reales de los estudiantes y del mercado laboral.
Por eso, una alternativa razonable, que no elimina el financiamiento público, es cambiar la lógica de asignación.
Una propuesta práctica: financiamiento por estudiante, no por aparato
Si el gasto público ya equivale aproximadamente a USD 570 mensuales por estudiante durante el periodo educativo, ese monto podría asignarse directamente a las familias en forma de vale educativo, utilizable en una pluralidad de opciones: centros públicos, privados, técnicos, religiosos o incluso educación en casa regulada.
La fórmula es simple:
Vale/Voucher mensual base:
Las familias que deseen complementar ese monto podrían hacerlo mediante un copago voluntario:
El valor educativo total mensual sería:
Ejemplo ilustrativo (aproximado):
- Vale estatal: USD 570/mes
- Copago familiar: USD 150/mes
Este esquema no elimina el acceso básico, pero introduce algo que hoy falta: elección, diversidad y responsabilidad directa.
Por qué esto importa más que llegar al «8%»
Los problemas señalados por organismos internacionales, bajos resultados, deserción, desalineación con el empleo, no se resuelven automáticamente con más presupuesto. Se resuelven cuando los incentivos cambian.
Un sistema donde:
- las familias pueden elegir.
- las escuelas compiten por atraer estudiantes.
- el financiamiento es transparente y por estudiante.
- y el costo real deja de estar oculto.
tiende a usar mejor los recursos existentes, incluso antes de discutir aumentos.
Hablar de «8% del PIB» puede funcionar como señal política, pero también como sustituto del debate real. El debate real empieza cuando dejamos de hablar en porcentajes abstractos y empezamos a hablar en costos por niño, por mes y por resultados.
La educación es demasiado importante como para reducirla a una consigna presupuestaria. Antes de exigir más recursos, conviene preguntarse si el modelo actual convierte el gasto en aprendizaje, o si simplemente reproduce estructuras que ya han demostrado sus límites.
Mover el foco del PIB al estudiante, del porcentaje al costo real, y del monopolio a la pluralidad de opciones, no es una postura ideológica: es una exigencia de seriedad.
Solo cuando el dinero sigue a la persona, y no al aparato y a las personas que protege, la discusión educativa empieza a parecerse menos a un ritual político y más a una política pública orientada a resultados.